Análisis Proyecto


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PROYECTO UNIFICADO ESCUDERO/ BIANCALANI

En color ROJO los puntos críticos del Proyecto y un breve COMENTARIO sobre el mismo.

Esta media sanción AÚN  no modifica en nada el actual conjunto normativo vigente. Para que tenga validez jurídica deberá ser sancionada como LEY por la Cámara de Diputados y reglamentada por el Poder Ejecutivo.

TEXTO Y OBJECIONES

CAPITULO I
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN


ARTÍCULO 1°.- Autoridad Nacional de Control de Armas. Creación

Créase como organismo descentralizado y autárquico, en el ámbito del Ministerio que tenga a su cargo las competencias en materia de seguridad interior, la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos, la que tendrá como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, sus reglamentaciones y demás normativa de aplicación en la materia.

ARTÍCULO 2°.- Transferencia de funciones

La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña la Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas, sin perjuicio de las que le asigna la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Domicilio

La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá constituir delegaciones en el interior del país que dependerán en forma directa de la misma.

ARTÍCULO 4°.- Delegaciones

Las Delegaciones representarán a la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos en las provincias, y tendrán las facultades, atribuciones y responsabilidades que surjan de la estructura orgánico-funcional que fije la reglamentación.

Art. 5. Principios generales de actuación

OBJECIÓN: Todo el artículo 5 es totalmente opuesto al Artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina.

En la aplicación, control y fiscalización de la ley Nacional de Armas y Explosivos, la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos, ajustará su actuación a los siguientes principios:


1. Toda actividad desarrollada con los materiales controlados por la Ley Nacional de Armas y Explosivos deberá contar con autorización previa.

OBJECIÓN: “Toda actividad” deberá contar con “autorización previa”. La definición de la palabra “actividad” indica “facultad de obrar”, esto nos lleva a inferir que a partir del texto de este inciso para cualquier acto que el legítimo usuario desee realizar con su material controlado (arma, máquinas de recarga, etc.) deberá solicitar autorización al organismo de control y éste otorgará o no la misma según el criterio de discrecionalidad restrictiva otorgada en el texto del proyecto.

Como actividad o acto se puede entender no sólo venta o canje sino también su uso en un polígono, en un evento o torneo, su transporte hacia una armería para la reparación, salir de caza, etc. El legítimo usuario deberá contar entonces para todas estas “actividades” con la “autorización previa” del organismo.

2. Los requisitos y extremos previstos por la ley, así como las autorizaciones y permisos que correspondan, deberán interpretarse y concederse con criterio restrictivo.

OBJECIÓN: al incluir el “criterio restrictivo” como principio de actuación y dejarlo librado a la “interpretación” de la voluntad administrativa de la persona que la detente, directamente se están restringiendo derechos adquiridos sobre una actividad lícita, así como también el derecho a la propiedad enunciado en el Art. 17 de la Constitución Nacional. La concesión de permisos o autorizaciones enunciadas en el Inc. 1 del Art. 5, así como la autorización de toda tenencia y portación quedarán sujetas al PRINCIPIO DE RESTRICTIVIDAD O LIMITACIÓN. Por lo tanto a partir del texto de este Inc. las TENENCIAS serán otorgadas con el mismo carácter que hoy se entregan las PORTACIONES. También los permisos de TENENCIA de máquinas de recarga, permisos o autorizaciones para la adquisición de munición y materiales para la recarga.

Este inciso modificatorio RESTRINGE y LIMITA al ciudadano Legítimo Usuario el DERECHO ADQUIRIDO a EJERCER una ACTIVIDAD LÍCITA y vulnera el Art. 19 de la CN que reza: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”

3. Toda solicitud para adquirir materiales comprendidos controlados y desarrollar actividades con los mismos deberá ser debidamente justificada.

OBJECIÓN: Al obligar a que el ciudadano “JUSTIFIQUE” su “ADQUISICIÓN”, se vuelve a vulnerar el derecho a la propiedad y el derecho a ejercitar una actividad lícita. Puesto que se le impide indirectamente al ciudadano que cumple con los requisitos legales a que “justifique” por el sólo hecho de “poseer” el material, en este caso nos estamos refiriendo puntualmente a un arma. La actividad que está siendo regulada y controlada es una actividad lícita, por lo tanto NO necesita justificación.

4. Toda autorización y permiso deberá guardar adecuada correspondencia y proporcionalidad con la finalidad que determinó su otorgamiento.

OBJECIÓN: Los permisos serán – según el art. 31 – otorgados  a partir de estos supuestos: a) Práctica de tiro deportivo, en instituciones reconocidas; b) Práctica de caza; c) Residencia en zona despoblada con escasa vigilancia policial; d) Razones objetivas de seguridad que determinen la necesidad de la tenencia. Pero a resultas del Inc. 1, por ejemplo: el usuario que tenga autorización de práctica de tiro deportivo en instituciones reconocidas, deberá solicitar autorización para utilizar su arma para la caza y viceversa. Haciéndose extensiva esta dificultad para todos los incisos del art. 31.

5. Toda solicitud se considerará y dispondrá de forma objetiva, sin excepciones por cargo u oficio, salvo disposición contraria expresamente prevista en la ley.

6. Toda autorización, permiso o material controlado es intransferible sin previa autorización estatal.

7. Todo material controlado decomisado o entregado voluntariamente al Estado, debe ser destruido, al igual que el perteneciente a organismos oficiales declarado excedente.

OBJECIÓN: si el legítimo usuario entregara voluntariamente en DONACIÓN AL ESTADO una colección de ARMAS para su destino al MUSEO NACIONAL DE ARMAS por considerarlo como “Patrimonio Cultural”, este Inc. le impide al Estado Nacional mantenerlas en su custodia y exhibirlas. De modo tal esas armas irán directamente a destrucción a pesar de la posibilidad de poseer las características antes mencionadas. Ejemplo concreto: si las armas del General Belgrano, volvieran al país compradas por un Coleccionista argentino para ser donadas al Museo Histórico Nacional o al Museo de Armas de la Nación , el Estado debería destruirlas.

ARTÍCULO 6°.- Funciones

Serán funciones y facultades de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos:
1) Conformar y mantener actualizado un Banco Nacional Informatizado de Datos con los registros de las personas, materiales y actos regulados en la materia;
2) Llevar un registro centralizado de materiales controlados;
3) Llevar un registro centralizado de usuarios y de las autorizaciones otorgadas sobre materiales controlados;
4) Llevar un registro centralizado de los materiales controlados secuestrados, incautados o decomisados en los términos de la Ley N ° 25.938 y sus reglamentaciones;
5) Otorgar la condición de Legítimo Usuario en las categorías que correspondan y conforme el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y demás normativa reglamentaria;
6) Otorgar las autorizaciones para realizar los diferentes actos con materiales controlados, de acuerdo a los recaudos y condiciones prescriptos en la normativa vigente;
7) Inscribir y habilitar los establecimientos o instalaciones en que desarrollarán sus actividades los usuarios, conforme los términos y condiciones establecidos para cada categoría;
8) Coordinar, impulsar, fiscalizar y controlar la implementación y el cumplimiento de las prescripciones de la normativa vigente en la materia en el ámbito de todo el territorio nacional;
9) Realizar inspecciones a los establecimientos, instalaciones y sobre los materiales controlados que se encuentren en poder de los usuarios, pudiendo requerir a éstos la exhibición del material;

10) Otorgar o denegar la condición de legítimo usuario, las autorizaciones peticionadas y demás actos previstos en la normativa vigente, conforme la aplicación y cumplimiento de los criterios establecidos en la misma;

OBJECIÓN: Esto es que aunque el ciudadano haya cumplido con todos los requisitos necesarios solicitados por Ley para adquirir la condición de legítimo usuario, el organismo o la persona que detente la autoridad del mismo, según su propia “interpretación” del “carácter restrictivo” podrá denegar la autorización, sin necesidad de justificar la causa, basándose sólo en el “carácter restrictivo” enunciado en el Art. 5.

11) Sustanciar los procedimientos administrativos aplicables ante el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias;
12) Disponer las medidas precautorias previstas en la normativa legal;
13) Aplicar las sanciones establecidas en la normativa vigente;
14) Proceder o requerir de oficio el secuestro de los materiales registrados por los usuarios cuya condición se encontrare vencida sin que mediare solicitud de renovación;
15) Requerir el auxilio de la fuerza pública para el adecuado cumplimiento de sus funciones;
16) Disponer el lugar de depósito de los materiales controlados, conforme su tipo, clasificación, características y estado de conservación;
17) Efectuar la destrucción del material controlado cuando así lo determine la presente ley, su reglamentación o la aplicación de las prescripciones de la Ley N ° 25.938 y sus reglamentaciones;
18) Recibir y evacuar los requerimientos de información sobre las personas, materiales y actos regulados por la normativa vigente en la materia, cuando fueren solicitados por otros órganos estatales con competencia;
19) Celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios con otros organismos públicos;

20) Realizar campañas de regularización de las personas y actividades comprendidas en la normativa vigente, e implementar campañas de concientización, desarme y control de la proliferación de armas en la sociedad;

OBJECIÓN: Nótese que no habla de ARMAS ILEGALES, sólo habla de ARMAS sin diferenciación de ilegalidad o legalidad. El organismo deberá entonces implementar campañas de “DESARME”.

Por lo tanto con este texto, el nuevo organismo de control tiene en su facultad decidir el DESARME TOTAL o sea se le adjudica la facultad de PROHIBIR LAS ARMAS.

21) Determinar los métodos y proceder a la destrucción de las armas y municiones decomisadas o recibidas a tales efectos;
22) Proponer e implementar, en el ámbito de su competencia, políticas relacionadas con los materiales controlados objeto de las leyes y demás normas reglamentarias dictadas en la materia;
23) Formar parte de las representaciones del Estado Nacional que concurran ante los Organismos Internacionales que correspondan y participar en la elaboración de tratados, acuerdos o convenios internacionales vinculados a la materia de su competencia;
24) Establecer los conceptos y fijar los montos de las tasas, aranceles y contribuciones de las solicitudes de inscripción, habilitación de instalaciones, autorizaciones y demás actos comprendidos en la normativa vigente;
25) Determinar los montos de las multas a aplicar en concepto de infracción a las prescripciones de la ley vigente en la materia y sus reglamentaciones;
26) Percibir las tasas, aranceles, contribuciones y multas que correspondan;
27) Propiciar la actualización de la normativa en materia de armas de fuego, explosivos y demás materiales relacionados;
28) Evaluar permanentemente la efectividad de las normas técnicas y legales;
29) Dictar disposiciones para optimizar la aplicación de la normativa vigente en la materia de su competencia.

ARTÍCULO 7°.- Director Ejecutivo

La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 8°.- Director Ejecutivo. Deberes y funciones

El Director Ejecutivo de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos tendrá los siguientes deberes y funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos.
b) Ejercer la administración del presupuesto y los recursos, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones del organismo a través de los actos administrativos pertinentes;
c) Organizar el funcionamiento interno del organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo la modificación de la estructura orgánico-funcional;

d) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de la Autoridad ;

OBJECIÓN: Si nos remitimos a los Principios  y Objetivos ya comentados, los “objetivos” son RESTRINGIR hasta el punto de PROHIBIR. Con este inciso quedan clara las intenciones de los redactores del proyecto, ya que Organizaciones No Gubernamentales Nacionales y Extranjeras como OXFAM, VIVA RÍO, RAD (Red Argentina para el Desarme), IANSA (todas ellas organizaciones desarmistas) podrán aportar “fondos”. Así como también el organismo puede aceptar que las Embajadas Británica y Australiana, coloquen “fondos” para el “cumplimiento de los objetivos” de RESTRINGIR y PROHIBIR una ACTIVIDAD LÍCITA hasta llegar al DESARME TOTAL.

e) Promover las relaciones institucionales de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos y en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos;

OBJECIÓN: ídem anterior.

f) Dictar las normas reglamentarias necesarias para el funcionamiento operativo del Organismo;
g) Aceptar legados, donaciones y demás aportes que le asignen organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros;

OBJECIÓN: ídem anterior.

h) Requerir a los distintos organismos de la administración pública nacional, la comisión transitoria de personal idóneo en la materia que fuere necesario para el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos;
i) Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo.

ARTÍCULO 9°.- Recursos

Los recursos de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional;
b) Los fondos que se le asignen por Leyes Especiales;
c) Los importes provenientes del cobro de las tasas y aranceles que corresponden a la aplicación de la normativa vigente;
d) Los importes derivados de la percepción de multas;
e) Los legados y donaciones que reciba;
f) Las contribuciones, aportes y subsidios, en dinero o en especie, provenientes de entidades oficiales o privadas, locales o extranjeras.

OBJECIÓN: Véase OBJECIÓN del Artículo 8. Inciso d)

g) Los ingresos que se le adjudiquen para realizar investigaciones y estudios;
h) Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones y/o liberalidades;
i) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del Organismo.

ARTÍCULO 10.- Tratamiento impositivo

Los ingresos de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos así como sus bienes y operaciones, tendrán el mismo tratamiento impositivo que corresponde y se aplica a la Administración Pública Nacional. Los referidos ingresos tampoco estarán gravados con el impuesto al valor agregado.

ARTÍCULO 11.- Patrimonio

La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos tendrá un patrimonio integrado con los siguientes bienes:
a) Los adquiridos hasta la fecha de sanción de la presente, que se encuentran incorporados al Estado Nacional con afectación a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas;
b) Los fondos e inversiones y sus rentas, existentes a la fecha de sanción de la presente por el sistema de Cooperación Técnica y Financiera establecido por la Ley N ° 23.979 y el Convenio actualmente vigente.
c) Los que adquiera la Autoridad posteriormente conforme a las disposiciones y leyes que le fueran aplicables.

Artículo 12. Convenios de cooperación técnica y financiera.

Autorizase a la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos a celebrar, en los términos y con los alcances establecidos en la Ley N ° 23.283, convenios de cooperación técnica y financiera, sin cargo para el Estado Nacional, con entidades públicas, estatales o no, a fin de propender al mejoramiento y a la modernización de su infraestructura y métodos operativos.

Las entidades con las que se celebren los convenios autorizados en el párrafo anterior no podrán tener intereses afines a la expansión de la actividad regulada por la ley Nacional de Armas y Explosivos. Las facultades que la Ley 23.283 confiere al Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, serán ejercidas directamente por la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos.

OBJECIÓN: al prohibirle a entidades con intereses afines a la expansión de la actividad regulada se viola directamente el Principio de IGUALDAD ANTE LA LEY. Mucho más si la actividad regulada es LÍCITA. No se está regulando ni controlando LO ILÍCITO. Se está limitando, regulando y controlando una ACTIVIDAD LÍCITA.

Esta PROHIBICIÓN de hecho discrimina y vulnera LA RAZÓN DE SER de todas las entidades del sector que en sus diversos estatutos se comprometen a la promoción de la actividad en tanto y en cuanto esta es lícita. Discrimina de manera negativa la “cooperación técnica” experta que puedan brindar los fabricantes de los materiales controlados, así como la cooperación técnica que puedan brindar las Instituciones del Sector en cuanto al ejercicio del deporte, vulnerando de esta manera también la Ley Nacional del Deporte, dejándola vacía de contenido y razón de ser.

PROHIBE al sector con intereses afines, pero deja la puerta abierta para que entidades CON INTERESES CONTRARIOS A LA EXPANSIÓN y AFINES A LA DESTRUCCIÓN DEL SECTOR Y A LA DESTRUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD , como por ejemplo la RAD – Red Argentina para el Desarme – y las Organizaciones No Gubernamentales que la componen y Fundaciones y Redes Internacionales que las sustentan puedan acceder a cristalizar sus verdaderos intereses enunciados en este párrafo.

CAPITULO II
COMISION NACIONAL DE ARMAS Y COMITÉ CONSULTIVO

Artículo 13: Comisión Nacional de Armas. Creación.

Créase la Comisión Nacional de Armas, que tendrá como misión:
a) Contribuir al desarrollo y formulación de políticas de control y prevención del uso de armas de fuego, municiones, y materiales relacionados;
b) Coordinar e integrar los esfuerzos orientados al éxito de las políticas y programas en la materia;
c) Proponer e impulsar las medidas y las reformas legislativas o vías de acción que sean necesarias;
d) Brindar apoyo a los distintos organismos y jurisdicciones con competencia en el tema;
e) Intercambiar experiencias y difundir las mejores prácticas en la materia;
f) Impulsar la realización de estudios e investigaciones; y
g) Impulsar campañas de sensibilización acerca de los riesgos emergentes de la proliferación y uso de armas de fuego.

Artículo 14: Comisión Nacional de Armas. Integración

La Comisión Nacional de Armas estará integrada por representantes de los MINISTERIOS de JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, del INTERIOR, de DEFENSA, de RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de EDUCACION, de SALUD, de DESARROLLO SOCIAL y de otros organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL con competencia en la materia; representantes del PODER LEGISLATIVO; del PODER JUDICIAL; del MINISTERIO PUBLICO; de las Provincias y de la Federación Argentina de Municipios.

Artículo 15: Consejo Consultivo

Créase el CONSEJO CONSULTIVO DE LAS POLITICAS DE CONTROL DE ARMAS DE FUEGO con el fin de colaborar con las autoridades competentes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de control y prevención del uso de armas de fuego y municiones.
El Consejo estará compuesto por representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos y expertos con reconocida trayectoria y experiencia.

OBJECIÓN: Avanza sobre la potestad del Poder Ejecutivo y del Legislativo que son los encargados de fijar las políticas y ejecutarlas. Este “consejo consultivo” no debe fijar “políticas” sobre la materia ni “colaborar” en su diseño y mucho menos aceptable es que esté integrado por Representantes de Organismos Internacionales. Definitivamente este artículo es oprobioso. ¿Quién elegirá además a los “expertos con reconocida trayectoria”? ¿Bajo qué parámetros y quién lo calificará?


Artículo 16: Comisión Nacional de Armas y Consejo Consultivo. Funcionamiento

La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos tendrá a su cargo la SECRETARIA EJECUTIVA de la Comisión Nacional de Armas. Asimismo, brindará apoyo logístico y operativo para el funcionamiento del CONSEJO CONSULTIVO, debiendo designar un coordinador y arbitrar los mecanismos necesarios para su funcionamiento.

CAPITULO III
DEL CONTROL PARLAMENTARIO


Artículo 17: Informe del Poder Ejecutivo al Parlamento

El Poder Ejecutivo, deberá enviar anualmente al Congreso, un informe público que contendrá:
1. Cantidad total de fábricas de armas y munición y materiales especiales regulados por la ley nacional de armas y explosivos Nº 20.429 existentes en el país y de las nuevas licencias de fabricación otorgadas durante el último ejercicio;
2. Cantidad total de materiales controlados fabricados en el país durante el último ejercicio discriminados por tipo, especificándose aquellos orientados al mercado interno y tipo y cantidad de material exportado, especificándose país de destino, asimismo valores involucrados para ambos supuestos;
3. Cantidad total de materiales controlados importados durante el último ejercicio discriminados por tipo, especificándose país de origen, así como valores involucrados;
4. Cantidad total de legítimos usuarios existentes en el país, indicados por tipo y de licencias concedidas conforme al tipo de actividad, indicándose las otorgadas durante el último ejercicio;
5. Adquisiciones de las fuerzas de seguridad durante el último ejercicio discriminadas por tipo y cantidad de materiales controlados y valores involucrados. El Poder Ejecutivo podrá otorgar a la información contenida en el presente inciso clasificación de seguridad;
6. Cantidad total de heridos y muertos por armas de fuego durante el último ejercicio, especificándose las particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad;
b) Hechos producidos en concurrencia con otro delito;
c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos;
d) Hechos producidos entre miembros de una familia;
e) Hechos producidos con armas de fuego poseídas legítimamente por el autor;
f) Hechos producidos con armas de fuego poseídas por empresas de seguridad privada; y,
g) Hechos producidos con armas de fuego poseídas ilegítimamente por el autor, indicándose si la misma había sido objeto de denuncia de robo, hurto o extravío por parte de titular autorizado o si el arma no se hubiere registrado en el país.
7. Estimación de costos del sistema de salud ocasionado por la atención a heridos por armas de fuego, y todo otro costo mensurable;
8. Resultado de las campañas de regularización y recolección de armas si se hubieren implementado en el último ejercicio.
9. Sanciones aplicadas por violaciones a la Ley Nacional de Armas y Explosivos y a la presente ley, discriminadas por tipo de falta y sanción efectivamente aplicada.
10. Material decomisado a particulares, indicándose su tipo y falta que determinó su decomiso;
11. Material entregado por particulares para su destrucción en los términos; y
12. Material efectivamente destruido durante el último período, discriminado por tipo y cantidad, especificándose la causa que determinó su destrucción.

OBJECIÓN: el Congreso de la Nación en sus dos cámaras cuenta con los elementos necesarios para solicitar estos informes al Poder Ejecutivo, este artículo no es necesario.

Artículo 18: Evaluación parlamentaria de política de armas de fuego

Sobre la base del informe recibido, el Congreso elaborará una evaluación de las políticas de control de armas de fuego, en la que efectuará un análisis de las políticas fijadas en la materia, del desempeño de los organismos de aplicación, del impacto del uso de las armas de fuego en la producción de muertes, heridas y de la utilización de estos materiales para la comisión de delitos, asimismo evaluará los criterios observados para la autorización de transferencias internacionales, efectuando las recomendaciones que estime pertinentes. Dicha evaluación será pública y puesta a disposición de la ciudadanía

CAPITULO IV
LEGÍTIMO USUARIO DE ARMAS


Artículo 19: Legítimo usuario

Para la obtención de la condición de legítimo usuario de armas de fuego, del tipo que fuere, deberán acreditarse los siguientes requisitos:
1. Personas físicas:
a. Identidad.
b. Domicilio real en la República Argentina.
c. Haber cumplido 21 años de edad.
d. Medios de vida lícitos.
e. Inexistencia de antecedentes penales por delito doloso, por delito culposo cometido con materiales controlados y de violencia familiar.
f. Aptitud física y psíquica
g. Idoneidad para la operación y manejo del material controlado.


2. Personas jurídicas:
a. Adecuada constitución, inscripción y observancia de las exigencias legales en materia societaria, contable, impositiva y de cargas sociales;
b. Denuncia de sus órganos de administración;
c. Desarrollo de actividad conforme sus estatutos que requiera el uso de armas de fuego;
d. Designar un responsable técnico y de custodia del material controlado, que deberá tener la condición de legítimo usuario.

OBJECIÓN: en general ya está contemplado en la actual ley, su decreto reglamentario y actual paquete normativo. Es innecesaria la introducción de este artículo.

En todos los casos se requerirá, además, denuncia del lugar de guarda del material adquirido o que se proyecte adquirir, el que deberá observar adecuadas condiciones de seguridad. Deberá designar una persona que tome a su cargo las obligaciones emergentes de los arts. 26 y 27, la que deberá presentar un consentimiento informado de las obligaciones asumidas.

OBJECIÓN: La denuncia del lugar de guarda también está contemplado en el actual paquete normativo. Sobre que "Deberá designar una persona que tome a su cargo las obligaciones emergentes de los arts. 26 y 27, la que deberá presentar un consentimiento informado de las obligaciones asumidas"  están obligando a una tercera persona a tomar responsabilidad, y con plazos perentorios según los Art. 26° y 27°, lo que hace muy difícil de cumplimentar. Además, se insiste en la violación del Art. 17 de la Constitución Nacional.

Artículo 20: Fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias

Las fuerzas de seguridad, cuerpos policiales y penitenciarios, sean federales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires no quedarán sujetas a la acreditación de los requisitos establecidos en los párrafos precedentes. Sus integrantes, así como los de las fuerzas armadas, deberán acreditar los requisitos establecidos en el inc. 1 del artículo anterior respecto del material que no sea provisto por la institución a la que pertenezcan.

Artículo 21: Acreditación de aptitud psíquica y física.

Los certificados de aptitud física y psíquica deberán ser otorgados por hospitales públicos y expedidos por médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos, respectivamente.

OBJECIÓN: De imposible cumplimiento. En algunas localidades del interior del país se carece de hospitales públicos y en otros casos como es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los hospitales públicos por RESOLUCIÓN N° 1510/ GCABA/ SSAIS/ 08  Publicada en el BOCBA N° 2981 del 29/07/2008 no pueden emitir certificados de aptitud física y psíquica.

Excepcionalmente la autoridad de aplicación podrá admitir certificados no otorgados por hospitales públicos, debidamente suscriptos por profesionales matriculados, cuya firma deberá estar debidamente legalizada por el respectivo colegio profesional u órgano habilitante o de control.

OBJECIÓN: la “excepcionalidad” queda supeditada a la “interpretación” y al “criterio restrictivo” – que manda el texto de la norma – de la persona que detente la autoridad del órgano de control. Es de imposible cumplimiento, dado que al solicitar que la firma esté debidamente legalizada por el colegio profesional, sin temor a equivocarnos podemos afirmar que muy pocos privilegiados podrán cumplir con este requisito.

Esta redacción muestra una vez más, las verdaderas intenciones prohibicionistas, discriminatorias, autoritarias y desarmistas de los redactores del proyecto.

La autoridad de aplicación, conjuntamente con el Ministerio de Salud, establecerá los exámenes mínimos que deberá analizar el profesional otorgante, quien deberá remitirlos para su archivo a la autoridad de aplicación.

OBJECIÓN: al otorgarle a la autoridad de aplicación el establecimiento de los criterios mínimos que se deberán incluir en los exámenes físicos y psíquicos, se subestima indirectamente la experticia y se pone en duda la calidad de los profesionales que deberán examinar al ciudadano. Esto es nuevamente una burda forma de poner en práctica requisitorias de imposible cumplimiento por un ciudadano común.

Los exámenes deberán certificar la aptitud física y psíquica para operar con materiales controlados acreditando, entre otros aspectos, la inexistencia de indicios de adicción, abuso o consumo de sustancias psicoactivas.

OBJECIÓN: De imposible cumplimiento, confuso y deliberadamente malicioso en su redacción ya que no se puede acreditar “inexistencia de INDICIOS de adicción”.

Artículo 22: Idoneidad en el manejo del material

La idoneidad en el manejo de armas de fuego, munición y materiales relacionados deberá acreditarse por certificación expedida por Instructor de Tiro debidamente habilitado en base a los exámenes teórico prácticos que determine la reglamentación, los que además de exigir la debida pericia en el seguro manejo del material, deberán prever el conocimiento de los términos legales de la autorización requerida, sus limitaciones y prohibiciones y las obligaciones emergentes de dicha autorización.
Los exámenes deberán realizarse en entidades de tiro debidamente habilitadas y deberán ser remitidos para su archivo a la autoridad de aplicación. Excepcionalmente la autoridad de aplicación podrá admitir la realización de los exámenes fuera de entidades habilitadas, cuando no existieran tales entidades en la zona de residencia de quien deba acreditar la idoneidad.

Artículo 23: Acreditación especial

La aptitud física y psíquica y la idoneidad en el manejo del material, en el caso de integrantes en actividad de fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias, podrán ser acreditadas mediante certificación expedida por la institución respectiva.

CAPITULO V
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE LEGÍTIMO USUARIO.


Artículo 24: Supuestos de pérdida o suspensión de la condición de legítimo usuario.

La pérdida o suspensión de la condición de legítimo usuario de se produce:
a) De manera automática, por vencimiento del plazo por el cual fue concedida;
b) Por suspensión o inhabilitación administrativa o judicial;
c) Por muerte o incapacidad de la persona física;
d) Por disolución de la persona jurídica;
e) Por incumplimiento sobreviniente de los requisitos a que se supeditara su otorgamiento;
f) Por anulación o revocación del acto que dispuso su otorgamiento.

OBJECIÓN: En los incisos a) al e) se enumeran las posibles causas. Es innecesaria y maliciosa la inclusión del inciso f).

Al incluir el inciso f) como otro de los “supuestos” para la pérdida de la condición de legítimo usuario, el órgano de control o la persona que detente la autoridad del mismo, podrá  ANULAR o REVOCAR el acto, basándose en la discrecionalidad que se le otorga para la “interpretación” de artículos precedentes (control y desarme) y criterio “restrictivo” de los principios de actuación.

Se reitera en la redacción las intenciones prohibicionistas, discriminatorias, autoritarias y desarmistas de los redactores del proyecto.

Artículo 25: Consecuencias de la pérdida o suspensión de la condición legítimo usuario.

La pérdida o suspensión de la condición de legítimo usuario determinará la caducidad o suspensión de las autorizaciones de tenencia y otros permisos otorgados. En tales supuestos quien hubiere perdido la condición de legítimo usuario deberá, dentro de los diez (10) días, desapoderarse del material controlado que posea.
El desapoderamiento del material deberá ser informando a la Autoridad de Aplicación y deberá concretarse dentro de alguna de las siguientes opciones:
1. Transferirlo, previa autorización de la Autoridad de Aplicación, a otro legítimo usuario;
2. Entregarlo en consignación para su venta a un comerciante autorizado.
3. Entregarlo en depósito a su costa a un establecimiento especialmente habilitado.
4. Entregarlo a la Autoridad de Aplicación para su destrucción.
Vencido el plazo fijado en el párrafo primero sin que se hubiere concretado el desapoderamiento del material controlado dentro de alguna de las opciones precedentes, la Autoridad de Aplicación deberá disponer su secuestro.
Dispuesto el secuestro, el titular del material controlado dispondrá de un plazo de cinco días para efectivizar una de las opciones previstas en los incisos 1, 2 y 3. Vencido este plazo, se dispondrá el decomiso y consiguiente destrucción del material controlado, sin derecho a compensación alguna.

OBJECIÓN: Según el artículo  17 de la Constitución Nacional “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”  Por lo tanto LA CONFISCACION DE BIENES QUEDÓ BORRADA PARA SIEMPRE DEL CODIGO PENAL ARGENTINO.

De haber habido buena voluntad en la redacción del texto de este proyecto, debería haberse incluido el supuesto caso de un legítimo usuario que al momento de la pérdida de su condición desee donar sus armas a una institución o entidad de Tiro o asociación de coleccionistas, Tiros Federales, FAT, AACAM, etc. Además objetamos el plazo excesivamente mínimo exigido. 

Por supuesto no olvidamos al hacer esta objeción que el espíritu de los redactores del proyecto unificado es, LA DESTRUCCIÓN DE “EXCEDENTES” DE ARMAS y también la DESTRUCCIÓN DE UNA ACTIVIDAD LÍCITA. 

Artículo 26: Fallecimiento, incapacidad o inhabilitación del legítimo usuario.

Cuando falleciera, fuera declarado incapacitado o inhabilitado un legítimo usuario, la persona designada en los términos del art. 19 in fine, o quien quede de hecho en custodia de los materiales controlados deberá denunciar, dentro de los cinco (5) días, tal circunstancia a la Autoridad de Aplicación y a los sucesores de aquel o a quien se designe para la administración de sus bienes. Estos últimos deberán, dentro de los diez (10) días de haber sido notificados y con conocimiento de la Autoridad de Aplicación, ejercer alguna de las siguientes opciones:
1. Entregar el material en depósito, previa autorización de la Autoridad de Aplicación, a otro legítimo usuario.
2. Entregar el material en depósito a un establecimiento debidamente habilitado para tal fin.
3. Conservar el material en calidad de depositario transitorio, sin que ello implique posibilidad alguna de uso, debiendo iniciar de inmediato los trámites conducentes a la obtención de su condición de legítimo usuario. Adquirida esta condición, podrá conservar el material en carácter de depositario. Transcurridos 60 días de haberse ejercido esta opción sin que se hubiera obtenido la condición de legítimo usuario deberá disponerse del material en los términos de los incisos 1 y 2 del presente artículo.
En caso de no haberse ejercido la opción prevista, no haber acuerdo entre los sucesores en torno a la opción a ejercer o no acreditarse liminarmente la calidad de sucesor o administrador de los bienes de quien hubiere perdido la condición de legítimo usuario, la Autoridad de Aplicación dispondrá el secuestro y depósito del material controlado en establecimiento habilitado a tal fin a costa de los interesados. En caso de persistir tal situación por el término de ciento ochenta (180) días, deberá disponerse la destrucción del material controlado, sin derecho a compensación alguna.

Artículo 27: Extinción o inhabilitación del legítimo usuario (personas jurídicas).

Cuando un legítimo usuario de existencia ideal perdiere la personería jurídica o fuere declarado en quiebra o en liquidación, la persona designada en los términos del art. 19 in fine, o quien quede de hecho en custodia de los materiales controlados deberá denunciar, dentro de los cinco (5) días, tal circunstancia a la Autoridad de Aplicación y a las autoridades administrativas o judiciales que hubieren adoptado la medida.
En tal caso el funcionario que quede a cargo de la administración de los bienes, con conocimiento de la Autoridad de Aplicación, deberá optar, en un plazo de diez (10) días y en el marco de sus facultades, por alguna de las opciones previstas en el artículo 25, resultando aplicables al caso el anteúltimo y último párrafo de aquel artículo.

Artículo 28:- Transitoriedad del depósito

El depósito previsto por el inc. 3 del artículo 25 e inc. 1 y 2 del artículo 26, no podrá extenderse más allá de los dos años de haberse producido la pérdida definitiva de la condición de legítimo usuario del titular del material. Vencido dicho plazo, los sucesores judicialmente declarados o el administrador de los bienes deberán concretar la disposición definitiva del material en los términos de los incisos 1, 2 o 4 del artículo 25. El juez interviniente en el proceso judicial o la autoridad competente en la liquidación de la persona jurídica podrán prorrogar este plazo, comunicando tal decisión a la Autoridad de Aplicación.

CAPITULO VI
TENENCIA


Artículo 29: Definición de tenencia

Tenencia es la autorización otorgada por la autoridad de aplicación a un legítimo usuario para adquirir o conservar armas de fuego, munición y materiales especiales con los alcances y limitaciones del artículo siguiente.

Artículo 30: Facultades que conlleva la tenencia

La tenencia únicamente faculta a los siguientes actos:
a) Adquirir el material a otro legítimo usuario, previa autorización de la Autoridad de Aplicación o a conservar los materiales controlados legalmente adquiridos.
b) Guardar y disponer del material en su ámbito privado de custodia;
c) Transportar el material sin posibilidad de uso inmediato, descargado en el caso de armas de fuego, conjuntamente con las credenciales de legítimo usuario y de Tenencia y disimulando la naturaleza de los materiales transportados;
d) Adiestrarse y practicar en polígonos autorizados;
e) Realizar actividades de caza y deportivas en lugares autorizados para tal fin;
f) Utilizar el material con fines lícitos;
g) Permitir el uso del material a otro legítimo usuario, dentro de una entidad de tiro o de un predio autorizado para la práctica de caza;
h) Egresar del país con el material y reingresarlo, previa autorización;
i) Reparar el material, siempre que la reparación no altere sustancialmente sus características originales, y entregarlo para su reparación a mecánicos armeros autorizados;
j) Transferir el material, previa autorización, a otro legítimo usuario;
k) Entregarlo en consignación para su venta a un comerciante autorizado, en depósito a un establecimiento habilitado o a la Autoridad de Aplicación para su destrucción.

La posesión de armas en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicotrópicas, faculta al secuestro preventivo del material, aunque se ostente su tenencia legítima.

La tenencia de armas de fuego no autoriza su portación.

Artículo 31: Requisitos para la tenencia

Para obtener la tenencia de armas de fuego y munición deberá acreditarse la existencia de circunstancias objetivas que justifiquen la necesidad de la autorización requerida, las que exclusivamente deberán fundarse en algunos de los siguientes supuestos:
a) Práctica de tiro deportivo, en instituciones reconocidas;
b) Práctica de caza;
c) Residencia en zona despoblada con escasa vigilancia policial;
d) Razones objetivas de seguridad que determinen la necesidad de la tenencia.

OBJECIÓN: ¿Quién determinará las “razones objetivas”? ¿La autoridad de control, el comité consultivo, el poder ejecutivo, o la comisión nacional? O quizás sea el Ente cooperador que tendrá interés en destruir la actividad y no fomentarla. 

¿Cuáles son las “razones objetivas”? Hoy este criterio restrictivo se aplica a las portaciones. A partir de este texto el mismo criterio se utilizará para las tenencias.

Además debemos mencionar que no han sido incluidos los coleccionistas de armas y municiones. ¿En qué categoría de “supuestos” fundarían su solicitud? ¿En la a), b), c) o d)? Esta es una prueba más de la ignorancia supina en que se ha caído en la redacción del proyecto.

En todos los casos el tipo de arma a adquirir deberá guardar adecuada relación y graduación con la justificación de la necesidad que determinó su otorgamiento.

OBJECIÓN: ¿quién “graduará” la relación “necesidad/otorgamiento? ¿La autoridad de control, el comité consultivo, el poder ejecutivo, o la comisión nacional? O quizás sea el Ente cooperador que tendrá interés en destruir la actividad y no fomentarla.

Cuando se hubiere otorgado en los términos del inciso d) del presente artículo, no podrá otorgarse la tenencia de más de dos armas en fundamento a dicho supuesto.

OBJECIÓN: si el “supuesto” d) carece de razonabilidad como lo expusimos en la OBJECIÓN al respecto, la carencia de razonabilidad se extiende a la cantidad, ¿cuál es el criterio para establecer límites a la cantidad, si ni siquiera sabemos quién determinará las “razones objetivas” para solicitar la tenencia?

Artículo 32: Tenencia de materiales controlados por personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de Instituciones Policiales y Penitenciarias.

La tenencia de armas de fuego, munición o materiales especiales que no sea de dotación del personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Instituciones Policiales y Penitenciarias, siempre que éste sea legítimo usuario, será otorgada por la Autoridad de Aplicación en los términos del artículo precedente, sirviendo el requerimiento efectuado por la respectiva institución como circunstancia acreditante de razones de seguridad en los términos de inciso d) del artículo citado. De no mediar requerimiento institucional la solicitud de tenencia se otorgará en los términos del régimen general con conocimiento de la institución a la que pertenece el solicitante.
La tenencia del material luego del pase a retiro del agente estará supeditada a la conservación de la calidad de legítimo usuario, en los términos del artículo 19 inc. 1.

Artículo 33: Condiciones de la tenencia de armas

La tenencia de armas se acreditará mediante credencial única y uniforme expedida por la Autoridad de Aplicación, la que deberá ser poseída conjuntamente con el arma.
La autoridad de aplicación entregará además al titular de esta autorización, una Tarjeta de Control de Munición.

CAPITULO VII
PORTACIÓN


Artículo 34: Definición de portación

Portación es la autorización otorgada por la autoridad de aplicación a un legítimo usuario para llevar consigo un arma de fuego en condición de uso inmediato en lugares públicos o de acceso público.

Artículo 35: Requisitos para la portación

Para obtener la autorización de portación deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Acreditar la titularidad o legitimidad de acceso al arma que se pretende portar;
b) Justificar circunstancias objetivas que ameriten el requerimiento, que exclusivamente podrán fundarse en algunos de los siguientes supuestos:
i) Protección contra un peligro cierto, actual, concreto, grave e inminente para la seguridad personal del solicitante, sus bienes o personas de su entorno;

ii) Protección contra un riesgo potencial derivado de la tarea desempeñada por el solicitante; o
iii) Residencia en zona rural alejada de centros poblados y con escasa vigilancia policial, en cuyo caso la autorización se limitará al área geográfica que determinó su otorgamiento.

No podrá concederse la portación fundada en condiciones de inseguridad general.

OBJECIÓN: Se niega el derecho humano a la legítima defensa y se viola el principio de igualdad ante la ley a todo ciudadano que haya decidido capacitarse para portar un arma para su protección y la de su familia.

Artículo 36: Condiciones de la portación

La autorización de portación será otorgada con carácter estrictamente restrictivo y mientras persistan las condiciones objetivas que dieron lugar a su otorgamiento.
Podrá otorgarse por un plazo que no podrá exceder de un año de vigencia, pudiendo renovarse acreditando los requisitos del artículo anterior.
La Autoridad de Aplicación podrá revocar la autorización de portación concedida por razones de seguridad pública.
La autorización de portación se acreditará mediante credencial única y uniforme que expedirá, en forma exclusiva, la Autoridad de Aplicación.

Artículo 37: Clases de Portación

La portación será otorgada conforme alguna de las siguientes clases:
a) Individual: Respecto a un material individualizado cuya tenencia hubiese sido previamente otorgada al solicitante.
b) Especial: Respecto al material de empresas de seguridad privada u otra entidad que revista la calidad de legítimo usuario. El titular del arma solicitará a la Autoridad de Aplicación que se otorgue Portación Especial a integrantes de su personal, los que deberán revestir, sin excepción, la calidad de legítimos usuarios. La autorización indicará el material o tipo de material que comprenda.

Artículo 38: Portación del personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias.

Las fuerzas armadas, de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal en actividad la portación de armas de dotación sin intervención de la Autoridad de Aplicación.
La portación de armas que no sean de dotación, adquiridas por personal en actividad de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, será otorgada por la Autoridad de Aplicación, siempre que el agente revista la calidad de legítimo usuario, a simple requerimiento de la respectiva institución, sirviendo tal requerimiento como acreditante de circunstancias objetivas en los términos del artículo 35 inciso b), apartado ii).
La institución respectiva deberá requerir a la Autoridad de Aplicación la revocación de la autorización otorgada en los términos del párrafo anterior a alguno de sus miembros, cuando considere inconveniente la subsistencia de tal autorización.
La portación del personal retirado se regirá en los términos del segundo párrafo del presente artículo, siempre que el personal retirado conserve su calidad de legítimo usuario. No mediando requerimiento institucional, la solicitud de portación se concederá en los términos del artículo 35, con conocimiento de la Institución a la que pertenezca el solicitante.

Artículo 39: Condiciones específicas para la portación

La portación sólo podrá realizarse munido de la siguiente documentación:
a) Documentación personal que acredite identidad del titular de la autorización;
b) Credencial de portación; y,
c) Credencial de tenencia del arma.

La portación otorgada por desempeño de actividad profesional o laboral podrá efectuarse exclusivamente durante el desarrollo efectivo de la actividad que motivó el otorgamiento de la autorización.

OBJECIÓN: De imposible cumplimiento y de redacción maliciosa. Si un profesional solicitó la portación por entender que su actividad conlleva algún peligro para su seguridad, sólo podrá utilizarla de lunes a viernes y en horarios laborales, esto es un absurdo total ya que finalizada su tarea y en camino a su hogar no podrá portar su arma. Absurdo, irrisorio y carente de sentido común.

Deberá comunicarse a la Autoridad de Aplicación el empleo efectivo del arma mediante su disparo en situación de amenaza, hecho que también deberá denunciarse a la autoridad judicial o policial.

OBJECIÓN: Innecesaria la comunicación a la autoridad de aplicación. El usuario sólo debería tener la obligación de denunciar a la policía y a la justicia el hecho, luego la autoridad judicial de acuerdo a las diligencias del caso tendrá que ser la encargada de informar al órgano de control, para el cumplimiento de lo que esa autoridad judicial considere necesario para la investigación y/o juzgamiento del usuario.

Artículo 40: Prohibición de portación

Queda prohibida la portación de armas de fuego y materiales relacionados en las siguientes circunstancias:
a) En centros y recintos recreativos, educativos, lugares de apuestas o donde se disputen competencias artísticas o deportivas;

OBJECIÓN: para la facilitación del cumplimiento de este inciso, se debería obligar a los responsables de esos espacios a la colocación de cajas fuerte para que el usuario al ingresar al predio, deposite su arma.

b) Durante elecciones;
c) En estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias psicotrópicas;
d) De más de un arma de fuego; o

OBJECIÓN: Con la inclusión del inciso d) se PROHIBE la portación de arma de respaldo o de “back up”, vulnerando el derecho que tiene cada individuo de analizar la necesidad táctica de portar o no arma de respaldo.

e) De forma ostensiva o intimidante.

Quedan exceptuados de los incisos a), b), d) y e) el personal de las Fuerzas de Seguridad e Instituciones Policiales y Penitenciarias, en tanto se trate de portación en cumplimiento de actos de servicio.

CAPITULO VIII
DISPOSICION TRANSITORIA. TRANSFERENCIA DE PERSONAL


Artículo 41: - Continuidad laboral

Se garantiza el empleo del personal que presta servicios en el Registro Nacional de Armas, ya sea del contratado a través del sistema de asistencia técnica y financiera establecido por la Ley 23.979 como del perteneciente a la planta transitoria y permanente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Artículo 42: - Reconocimiento de antigüedad, título y remuneración

A los fines establecidos en el artículo anterior, dicho personal será transferido e incorporado a la planta permanente de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos a través del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con reconocimiento de la antigüedad, título y remuneración, que no podrá ser inferior a la que se encontraba percibiendo a la fecha de sanción de la presente.

Artículo 43: - Asignación de nivel

La asignación de Nivel, Agrupamiento y Grado del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del personal contratado a través del sistema de asistencia técnica y financiera establecido por la Ley 23.979 y transferido a la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos conforme lo establecido en los artículos precedentes, se efectuará de acuerdo a la categoría de revista asignada en el escalafón vigente en el Registro Nacional de Armas al momento de la sanción de a presente, conforme el régimen de equivalencias que se establece en el Anexo I de esta Ley.

Artículo 44: - Transferencia de personal

El personal de planta transitoria y permanente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que se encontrare prestando servicios en el Registro Nacional de Armas, será transferido a la planta permanente de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos, con la asignación de Nivel, Agrupamiento y Grado del Sistema Nacional de Empleo Público que corresponda de acuerdo a la remuneración total que se encuentre percibiendo al momento de la sanción de la presente.

CAPITULO IX
DEROGACIONES


Artículo 45: - Derogaciones

Derógase el Capítulo VII (artículos 43 y 44) de la ley 20.429 de Armas y Explosivos.

Artículo 46: - Comuníquese al Poder Ejecutivo

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA  violados, mancillados y masacrados, al igual que nuestros derechos y libertades, por ese aberrante, nulo e inaplicable proyecto Escudero

Art. 5º.- “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional ; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.”

Art. 14.- “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”

Art. 17.- “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”

Art. 19.- “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”

Art. 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.

Art. 28.- “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”

Art. 33.- “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución , no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”

Art. 36.- “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.” […] “Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.”

Asimismo este proyecto viola también las Convenciones de Derechos Humanos a las que Argentina suscribió y que son Tratados y Convenciones Supra constitucionales.  

 

 

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Domingo, 08 de Abril de 2012